Nintendo se une a cientos de empresas para realizar una demanda conjunta a Estados Unidos por los supuestos aranceles "ilegales" impuestos por el presidente Donald Trump.
Esta situación es un movimiento legal masivo que ha estallado esta semana. Nintendo se ha unido a una ola de más de 2,000 empresas (como FedEx, Costco y Toyota) que exigen que el gobierno de EE. UU. les devuelva miles de millones de dólares íntegros por pagos de aranceles además de los intereses.
Donald Trump utilizó la ley IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional), que está diseñada para situaciones de emergencia nacional extrema (como bloqueos a países terroristas), y fue usada para comercio general.
El fallo histórico de la Corte Suprema contra Trump
El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que el uso de la IEEPA para imponer estos aranceles fue inconstitucional. El tribunal decidió que el presidente se extralimitó en sus funciones, ya que el poder de fijar impuestos y aranceles comerciales pertenece al Congreso, no a órdenes ejecutivas unilaterales.
Aunque la Corte Suprema ya dijo que los aranceles eran ilegales, Nintendo presentó su propia demanda formal ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. por una razón estratégica: asegurar su reembolso con intereses.
¿Qué reclama Nintendo?
La devolución total de cada dólar pagado bajo ese esquema desde febrero de 2025.
Se estima que las grandes tecnológicas como Nintendo llegaron a pagar facturas arancelarias de más de $1,000 millones por trimestre. Esto afectó directamente la logística de la Nintendo Switch 2, provocando retrasos en las preventas en EE. UU. durante 2025 mientras la empresa evaluaba si subir precios o mover su producción a otros países.
¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos ante la demanda?
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha admitido que recaudó cerca de $166,000 millones bajo estos aranceles ahora declarados ilegales. Sin embargo, han declarado que no pueden devolver el dinero de inmediato debido a la "complejidad administrativa". Estiman que tardarán al menos 45 días (abril de 2026) en tener un sistema listo para procesar los pagos.